Está asignando cargos a personas cercanas a la titular, incluyendo familiares o allegados
Trabajadores y ex trabajadores de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Tlaxcala acusaron directamente a su titular, María Isabel Maldonado Textle, de encabezar una serie de decisiones que han generado molestia y señalamientos por posibles irregularidades.
De acuerdo con los denunciantes, en los últimos meses se han registrado despidos de personal con años de experiencia, quienes habrían sido sustituidos por perfiles cercanos a la funcionaria, varios de ellos provenientes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS). Según relataron, estas incorporaciones no responderían a méritos profesionales, sino a vínculos personales, lo que ha derivado —afirman— en un ambiente laboral marcado por la imposición y la falta de capacidad operativa.
Entre los casos señalados, mencionan a nuevos mandos en el área jurídica que, aseguran, carecen de experiencia, pero que habrían sido colocados en puestos clave. Además, acusaron que algunos de estos funcionarios ejercen presión sobre el personal, incluso con amenazas de despido, generando incertidumbre entre los trabajad me ores.
Otra de las críticas apunta a la supuesta asignación de cargos a personas cercanas a la titular, incluyendo familiares o allegados, quienes habrían sido promovidos a puestos de mayor responsabilidad pese a errores administrativos. Estas decisiones, indicaron, han provocado inconformidad no solo dentro de la dependencia, sino también en otras áreas de gobierno que han tenido que interactuar con dichos perfiles.
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Aunado a ello, los denunciantes señalaron posibles irregularidades en la ejecución de obras dentro de la propia Secretaría, como la construcción de infraestructura en sus instalaciones. Según refirieron, estos trabajos habrían sido realizados por una empresa vinculada a la funcionaria, lo que levanta sospechas sobre un posible conflicto de interés y uso indebido de recursos públicos.
Ante este panorama, los inconformes hicieron un llamado a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que se investiguen a fondo estas acusaciones y, en su caso, se finquen responsabilidades, al considerar que las prácticas denunciadas contradicen el objetivo de una institución encargada precisamente de combatir la corrupción.