El PRD acusó que el ITE habría adelantado conclusiones de fondo en una etapa preliminar del procedimiento.
El conflicto por la promoción política anticipada en Tlaxcala escaló nuevamente al terreno jurídico luego de que el Partido de la Revolución Democrática Tlaxcala presentara un nuevo recurso ante el Tribunal Electoral de Tlaxcala contra la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que rechazó ordenar el retiro de propaganda relacionada con actores políticos vinculados a la sucesión gubernamental de 2027.
La impugnación fue promovida por el representante del PRD ante el órgano electoral, Sergio Juárez Fragoso, quien busca que el tribunal revoque la decisión tomada por el ITE y obligue a implementar medidas cautelares frente a la difusión de espectaculares, bardas pintadas, lonas y material propagandístico que, desde la óptica del partido, representan actos de posicionamiento político fuera de los tiempos electorales.
En el centro de la controversia aparecen el presidente municipal de la capital, Alfonso Sánchez García, así como la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, cuyos nombres e imagen han comenzado a tener presencia constante en distintos espacios públicos del estado.
El PRD sostiene que el Consejo General del ITE incurrió en contradicciones al momento de resolver el caso, debido a que previamente la Comisión de Quejas habría reconocido la existencia física de la propaganda y el posible impacto que podría generar en la equidad de una futura contienda electoral, pero finalmente el pleno decidió no ordenar el retiro del material.
De acuerdo con el recurso promovido ante el TET, la negativa del instituto electoral se sustentó principalmente en que Alfonso Sánchez García negó tener responsabilidad directa en la colocación de la publicidad, argumento que el partido considera insuficiente para desechar medidas preventivas.
Además, el PRD acusó que el órgano electoral habría adelantado conclusiones de fondo en una etapa preliminar del procedimiento, al prácticamente deslindar de manera anticipada al alcalde capitalino sin que se agotaran completamente las investigaciones correspondientes.
La controversia también exhibe la creciente tensión entre partidos políticos y autoridades electorales sobre los límites entre promoción institucional, libertad de expresión y propaganda con fines electorales anticipados.
Ahora será el Tribunal Electoral de Tlaxcala el encargado de revisar los argumentos presentados por el PRD y determinar si el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones actuó correctamente o si existen elementos para ordenar medidas cautelares contra la propaganda denunciada.