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Escándalo en el IMSS- Tlaxcala por presuntos títulos falsos y tráfico de influencias
El caso que más polémica ha generado es el de Fátima Montserrat Paquini Hernández, quien presuntamente habría ejercido funciones legales utilizando documentación profesional irregular.
La Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala enfrenta severos señalamientos por presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de funciones dentro de su Jefatura de Servicios Jurídicos, área que hoy se encuentra bajo escrutinio por posibles daños millonarios al instituto.
De acuerdo con denuncias difundidas entre litigantes, trabajadores y derechohabientes, dicha jefatura habría operado durante meses como un espacio de presuntos favores, cobros irregulares y negociaciones internas para agilizar trámites, liberar pagos de pensiones, resolver asuntos laborales y atender procedimientos judiciales.
Los señalamientos apuntan directamente a exencargados del área jurídica, entre ellos Gerardo A. Chávez Hernández y Fátima Montserrat Paquini Hernández, quienes habrían llegado al cargo mediante imposiciones internas pese a cuestionamientos sobre su capacidad técnica y desempeño jurídico.
En el caso de Gerardo A. Chávez Hernández, las acusaciones señalan presuntos cobros indebidos a trabajadores y particulares para destrabar procedimientos administrativos y reconocer antigüedades laborales, situación que habría generado daños patrimoniales importantes para el IMSS.
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Sin embargo, el caso que más polémica ha generado es el de Fátima Montserrat Paquini Hernández, quien presuntamente habría ejercido funciones legales utilizando documentación profesional irregular. Las denuncias sostienen que compareció y firmó actuaciones jurídicas sin contar con registro profesional válido ante autoridades educativas federales, hecho que podría configurar responsabilidades administrativas y penales.
Además, el delegado estatal del IMSS en Tlaxcala, Saúl Nevárez Jiménez, señalado de presuntamente conocer las irregularidades y no intervenir para frenar las prácticas denunciadas, lo que ha incrementado el malestar entre trabajadores y derechohabientes.
Ante la gravedad de los señalamientos, los quejosos solicitan la intervención inmediata de autoridades federales para investigar posibles delitos, revisar el daño patrimonial ocasionado al instituto y verificar la legalidad de títulos y cédulas profesionales del personal adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos.