A la alcaldesa de Cárdenas le estorban sus regidores y va por su destitución

El conflicto político que desde hace meses mantiene dividido al Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas todavía está lejos de terminar. Aunque el juicio político promovido por la alcaldesa Elena Macías Díaz ya dejó atrás una de sus primeras etapas en el Congreso del Estado, el expediente apenas entra a la fase donde realmente comenzará el análisis del caso.

La primera comisión que se encargó de recibir documentos, integrar pruebas y reunir la información necesaria concluyó su trabajo, por lo que quedó formalmente extinguida. Sin embargo, eso no significa que el procedimiento haya terminado; por el contrario, ahora el expediente pasa a manos de la Comisión de Juicio Político, donde comenzará la revisión de fondo.

La denuncia presentada por la presidenta municipal está dirigida contra los regidores Eleuterio Roldán González, Karen Guzmán Arias, Jesús Domingo Moreno Mendoza, Leticia Portillo Cruz y Areli Badillo Guzmán, en un conflicto que ha evidenciado las diferencias políticas al interior del Cabildo y que terminó por trasladarse hasta el Poder Legislativo.

Vale la pena recordar que la comisión que concluyó sus funciones no tenía la facultad de determinar culpables o inocentes. Su responsabilidad fue únicamente reunir toda la documentación presentada por ambas partes y dejar listo el expediente para la siguiente etapa del procedimiento.

Será ahora cuando los diputados integrantes de la Comisión de Juicio Político comiencen a revisar cada uno de los elementos aportados y decidan si existen fundamentos para que el proceso continúe conforme a la legislación estatal. Dependiendo del resultado de ese análisis, el asunto podría escalar hasta el Pleno del Congreso, donde finalmente se tomaría una decisión.

El caso de Lázaro Cárdenas se ha convertido en uno de los conflictos municipales que más atención ha generado durante este año, pues refleja las fracturas políticas que existen en algunos ayuntamientos, donde las diferencias entre presidentes municipales y regidores han terminado por judicializarse en lugar de resolverse al interior de los cabildos