Más de 250 expedientes siguen persiguiendo el dinero público; sancionan a funcionarios: OFS

Las investigaciones por el presunto mal manejo de recursos públicos en Tlaxcala siguen acumulándose y, aunque algunos casos ya derivaron en sanciones, todavía hay cientos de expedientes en proceso que buscan determinar responsabilidades de exservidores públicos y autoridades en funciones.

Al respecto, el Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, dio a conocer que el organismo mantiene 199 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y 52 procedimientos radicados en el Tribunal de Justicia Administrativa, todos relacionados con posibles afectaciones al patrimonio de los tlaxcaltecas.

El titular del OFS explicó que la estrategia del organismo es no permitir que los procedimientos se queden a medias o sean archivados por cuestiones legales, por lo que cada caso recibe seguimiento hasta que exista una determinación definitiva por parte de las autoridades competentes.

"Lo que buscamos es que las denuncias no prescriban; queremos que lleguen hasta el final de su proceso, ya sea con una resolución a favor o en contra", afirmó Arturo Lucio Salas Miguela.

Durante la entrevista confirmó que ya existen servidores públicos sancionados como resultado de las auditorías practicadas en años anteriores. Sin embargo, evitó revelar quiénes fueron o a qué dependencias pertenecen, argumentando que no puede proporcionar esa información mientras los procesos continúan su curso.

Las investigaciones abarcan irregularidades detectadas en ayuntamientos, así como en dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, lo que refleja que las observaciones alcanzan distintos niveles de la administración pública.

Aunque la cifra de expedientes sigue siendo elevada, Arturo Lucio Salas Miguela sostuvo que el número de denuncias promovidas en los ejercicios más recientes es menor al registrado en administraciones pasadas.

El auditor insistió en que la función del OFS no termina al detectar irregularidades, sino en dar seguimiento a cada expediente hasta que las autoridades competentes determinen si hubo o no responsabilidad. Con ello, dijo, se busca fortalecer la rendición de cuentas y evitar que los presuntos daños al erario queden sin una resolución definitiva.