Calpulalpan

Revienta conflicto en Calpulalpan; alcalde no deja vender a comerciantes y prefiere parquímetros

Los inconformes advirtieron que, de no haber respuesta, podrían intensificar sus protestas en los próximos días.

En Calpulalpan comerciantes del tradicional tianguis de los lunes alzaron la voz contra el presidente municipal, Manuel Jiménez del Razo, a quien acusan de implementar medidas que afectan directamente su derecho al trabajo.

De acuerdo con testimonios de los propios vendedores, en las últimas horas el gobierno municipal habría ordenado el cierre de diversas avenidas donde habitualmente se instala el tianguis, lo que impidió la colocación de los comerciantes.

Señalaron que esta acción responde a la intención de priorizar la instalación de parquímetros en la zona centro, decisión que —afirman— se tomó sin considerar el impacto económico en decenas de familias.

“Se está desprestigiando nuestra labor y afectando el sustento de quienes vivimos del comercio”, denunciaron afectados, quienes además aseguran que no han sido consultados ni informados de manera adecuada sobre estos cambios en la vía pública.

La molestia no se limita a este hecho. Comerciantes señalan una serie de presuntas irregularidades en la actual administración municipal, las cuales —afirman— han generado un clima de tensión y descontento entre distintos sectores productivos de la demarcación.

Ante este escenario, hicieron un llamado directo a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, para que intervenga en el conflicto y revise las decisiones tomadas por el ayuntamiento. Asimismo, solicitaron la intervención del Congreso local y de la Secretaría de Gobernación, con el fin de frenar lo que consideran abusos de autoridad.

Los inconformes advirtieron que, de no haber respuesta, podrían intensificar sus protestas en los próximos días, al considerar que su derecho al trabajo está siendo vulnerado por decisiones unilaterales del gobierno municipal, sobretodo porque dicen se trata de la implementación de parquímetros que generarían ingresos a modo para los bolsillos del presidente, que lejos de priorizar obras o acciones de beneficio social, se realizan proyectos de explotación financiera para uso exclusivo del alcalde.

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